RECURSOS

Un concepto de nuevo cuño y que cada día está más presente en las agendas medioambientales es el de Economía Circular, entendiendo por ello, la posibilidad que tienen las empresas de convertir los residuos que generan sus procesos, en recursos y de este modo cerrar un círculo que, hasta ahora, estaba abierto. Tradicionalmente la economía es lineal, es decir, de la naturaleza se extraen los recursos, se consumen y por último se desechan. Ante este modelo que ha llevado al agotamiento de recursos y a la acumulación desorbitada de residuos, la Unión Europea, en el marco de su estrategia Europa 2020, está fomentando la transición a este nuevo modelo de economía circular.

En el marco del desarrollo sostenible, en el que los gobiernos más responsables y comprometidos con el medio ambiente se identifican, la economía circular propone un nuevo modelo donde los residuos generados puedan ser  aprovechados nuevamente en otras cadenas productivas con el objetivo de minimizar el consumo de materias primas, agua y energía. La economía circular pretende así, reducir el importante impacto que la sociedad moderna ejerce sobre el medio ambiente, frenando el acelerado nivel de consumo de recursos existente.

Un ejemplo de economía circular, es el proceso de cogeneración, en el que a partir de un residuo, como pueden ser los lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales se genera biogás, energía limpia, y calor. De este modo, se elimina un residuo y, a la vez, se genera electricidad y calor. Y si, además, se añaden residuos de alta carga orgánica como los procedentes de la industria agroalimentaria, (cárnicas, frutas, bebidas, lácteas y de alimentación para mascotas), además de incrementar la producción de energía verde se evita que estos residuos terminen en vertederos con la consecuente emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera derivada de su propia descomposición.

Este camino iniciado, parece, afortunadamente, no tener retorno, a la vista de la sentencia del 7 de marzo de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el impuesto a los hidrocarburos, que algunos países, entre ellos España, aplicó con el anterior gobierno, a las empresas que producían biogás, claramente contrario a las estrategias de fomento de energías limpias para evitar el cambio climático. La sentencia establece la exención fiscal obligatoria para los productos energéticos utilizados en la producción de electricidad, incluso cuando estos productos se utilizan en una unidad de cogeneración. Esta sentencia obligó también al Gobierno anterior a incluir en su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 la exención en la fabricación e importación de biogás que se destine a la producción de electricidad en instalaciones de energía eléctrica o la cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones donde se haya generado. Con esto se suprimiría el impuesto y se regresaría a la situación existente en 2013 facilitando la producción y consumo de una energía limpia como es el biogás.