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| Retrato de Inocencio X (Velázquez) |
Si
en algo se diferencia el hoy del ayer es en la búsqueda de transparencia en las
gestiones, ya sean éstas económicas, políticas o sociales.
Lo opaco no
está de moda, aunque hay quien se empeña en mantener esa antigua y fea
costumbre.
Un ejemplo de
ello lo encontramos en el oscurantismo, secretismo y sigilo con el que se están
desarrollando, desde junio de 2013, las negociaciones entre EEUU, los
grandes “lobbies” empresariales y la UE para acordar los términos del Tratado
Trasaltlantico de Comercio e Inversiones (TTIP).
Es inaudito
que un asunto tan importante, que afectará directamente a la vida laboral y a
la salud de los ciudadanos europeos no se aborde con luz y taquígrafos. Es,
como poco, sospechoso que un tratado de comercio con el que sacarán suculentas
tajadas las grandes corporaciones se esté negociando a escondidas.
Afortunadamente
existe ya un cierto rechazo social que esperamos les obligue, al menos, a
enseñarnos las cartas, sin que se queden ninguna en la manga.
El TTIP
pondría en peligro avances y derechos laborales consolidados en las democracias
europeas, debilitaría las leyes de seguridad alimentaria que nos protegen,
atentaría contra el medio ambiente y la cultura y dejaría a los
usuarios y consumidores a merced de los intereses y beneficios de esas grandes
compañías americanas que nada tiene que ver con la gestión de la calidad
ni con las relaciones laborales desarrolladas en Europa.
La
materialización de esta nueva vuelta de tuerca al Estado de Bienestar europeo
está aquí. El 13 de mayo se reúnen los 28 ministros de comercio comunitarios
para decidir la hoja de ruta de la CETA, tratado de libre comercio entre la UE
y Canadá que es la antesala del TTIP y si, en noviembre se ratifica,
podría empezar a aplicarse a principios de 2017.
Con el CETA
se abriría la puerta a los transgénicos, se rebajarían los estándares de
protección ambiental y de salud pública en la UE y serviría para abrir
paso a su hermano mayor el TTIP, la amenaza para la democracia, el medio
ambiente, los consumidores y los derechos de los trabajadores.
Estos
“lobbies” empresariales quieren hacernos creer que este tratado es la solución
a la crisis, ocultando la pérdida de derechos sin precedentes, las privatizaciones
de servicios públicos y los privilegios que adquirirían sus compañías que
podrían incluso exigir a los Estados que se les indemnice con dinero público si
sus beneficios no resultan ser los esperados.
Esta amenaza
que se presenta como antídoto bien pudiera explicar cómo la crisis ha podido
ser una enfermedad de laboratorio a la que sólo esta vacuna podía curar.
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