En tiempos en los que puede resultar difícil diferenciar el grano de la paja, entre tanta desinformación o información falsificada, resulta gratificante saber que el periodismo de verdad sigue vivo. Ese periodismo por el que nos trasladamos a grandes ciudades a estudiar con la ilusión de poner nuestro granito de arena en pro de una sociedad más libre y democrática.
El periodismo que aprendimos en la Universidad y después en la calle tenía como referentes a Günter Wallraff, el periodista indeseable o a García Márquez, quien nos enseñó a escribir con su Relato de un náufrago. Ahora ese periodismo casi residual en la paradójicamente llamada “sociedad de la información” es más necesario que nunca y cuando brilla lo hace doblemente. Primero porque evidencia que no ha muerto y segundo porque ejerce la función de control que a priori se le presupone, destapando corruptelas o injusticias como es el caso que nos ocupa.
Que haya sido un periodista el que haya contribuido a corregir uno de los mayores errores judiciales de España que llevó a condenar a 24 años de prisión a dos inocentes utilizados como “cabezas de turco”, en esta ocasión, “cabezas de marroquíes” nos da un soplo de esperanza a los que creemos en el auténtico periodismo.
Y que el mismo periodista Braulio García Jaén también haya sido quien reconstruyera el caso de una violación en Pamplona que nunca fue juzgada nos demuestra que nuestras juveniles expectativas profesionales valieron la pena.
En el primer caso la investigación periodística de García Jaén llevó a reconstruir y publicar en su obra Justicia poética la condena injusta de los ciudadanos marroquíes Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib a comienzos de los años 90 en Cataluña por varias violaciones que no cometieron, evidenciando graves negligencias policiales y judiciales y prejuicios racistas. La investigación policial y judicial estuvo marcada por irregularidades y falta de garantías, ya que se destruyeron pruebas, la principal prueba aceptada fue el reconocimiento visual que presentó anomalías y no se tuvieron en cuenta pruebas biológicas (ADN) que los exculpaba. Cinco años después, en 1995, se identificó a uno de los verdaderos agresores, pero el sistema judicial no rectificó y ambos continuaron en prisión: Abderrazak Mounib murió en la cárcel en el año 2000 sin ver reconocida su inocencia y Ahmed Tommouhi pasó 15 años encarcelado sin dejar de defender también su inocencia durante décadas. Ahora el Tribunal Supremo ha anulado las sentencias al constatar que la Audiencia de Barcelona ignoró pruebas periciales clave que exculpaban a Tommouhi, otorgándole su absolución definitiva y ha ordenado indemnizarle corroborando la responsabilidad del Estado por una condena errónea prolongada que le llevó a estar 15 años encarcelado inocentemente.
El trabajo periodístico de Braulio García Jaén ha sido clave en todo este proceso al sacar a la luz pruebas ignoradas, mantener el caso vivo durante décadas, generar presión social e institucional y facilitar la revisión judicial que acabó reconociendo la inocencia.
El segundo caso de periodismo de verdad también ha estado en manos de García Jaen y se trata de la investigación que ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenar a España por no investigar de forma eficaz una denuncia de agresión sexual con sumisión química ocurrida en Pamplona en 2016, en la que dos mujeres afirmaron haber sido drogadas y violadas tras conocer a dos hombres en un bar.
Según la investigación periodística, las víctimas perdieron la conciencia durante la noche y despertaron horas después en un piso desconocido, sin recordar lo sucedido. Aunque la policía actuó inicialmente con rapidez, la investigación se deterioró durante la instrucción judicial. El caso nunca llegó a juicio debido a la desaparición y posible manipulación de pruebas clave que estaban bajo custodia policial, como grabaciones de cámaras, informes forenses o datos de teléfonos móviles. El TEDH ha considerado que no se trató de fallos aislados, sino de una cadena de negligencias que afectó a policía, fiscalía y sistema judicial, incluyendo la falta de independencia en la investigación, ya que uno de los investigados tenía vínculos familiares con un agente implicado en el caso. Como consecuencia, el tribunal europeo ha determinado que España vulneró derechos fundamentales de las víctimas —como el derecho a no sufrir tratos degradantes y a una investigación efectiva— y ha ordenado una indemnización económica, aunque la vía penal está prácticamente cerrada por la pérdida de pruebas.
Son estas historias las que dignifican al periodismo, las que le hacen que cobre sentido y eclipsan las montañas de basura que corren por las redes.
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