El desarrollo sostenible es hoy
por hoy un concepto conocido cuyas ventajas ya nadie discute, aunque su puesta
en práctica real aún está lejos de conseguirse. No obstante, se ha logrado que
se reconozca como una apuesta de futuro, saludable para el planeta y, sobre
todo, para los habitantes que lo conforman, entre los que se encuentra la
humanidad. Pero esto ha costado años de esfuerzos y la confrontación con
fuerzas económicas que veían peligrar sus beneficios. Sin embargo y ante el
peso de la evidencia, estos mismos que se resistían a abandonar el modelo
clásico de producción, están decidiendo, poco a poco, sustituir las fuentes
energéticas contaminantes por limpias y renovables.
Las transformaciones
tecnológicas siempre van de la mano de cambios sociales y con ellos, en muchos
casos, mejoras en la vida de las personas. Pero también las revoluciones
industriales como las del siglo XX conllevaron enfermedades que, sumadas a las
provocadas por negocios como el tabaco, la industria del amianto de los
pesticidas o de la gasolina con plomo, llegaron
a considerarse efectos colaterales. Hubo que pasar el tiempo y contabilizar los
muertos por centenares para que se reconocieran los perjuicios que estas
actividades provocaban en hombres y mujeres y tras ello, los gobiernos
decidieron tomar medidas legislativas
encontrándose con la férrea oposición de
los intereses creados. La revolución del siglo XXI es la del 4G y en breve será la del 5G, sin que si quiera se hayan analizado las posibles consecuencias que para nuestra salud esto pueda significar, serán los efectos colaterales del nuevo siglo que, a cambio, darán a unos pocos, inmensos réditos económicos.
Una enfermedad desconocida, provocada directamente por las redes wiffi y los teléfonos móviles es la hipersensibilidad electromagnética que afecta fundamentalmente a mujeres y niños. Aunque aún no está identificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), países como Suecia y Austria la han reconocido como una discapacidad estableciendo directrices para su tratamiento y Francia ha prohibido redes wifi en las guarderías. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa publicó el 27 de mayo de 2011 la Resolución 1815 titulada "Los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente" en la que se recogen propuestas y recomendaciones que ponen de evidencia la importancia de prestar atención a este asunto. La resolución expresa lo siguiente: “Mientras que los campos eléctricos y electromagnéticos en ciertas bandas de frecuencia tienen efectos beneficiosos en su totalidad, que se aplican en la medicina, otras frecuencias no ionizantes, ya sea de frecuencias extremadamente bajas, líneas eléctricas o ciertas ondas de alta frecuencia utilizadas en los campos de radar, de telecomunicaciones y móvil telefonía, parecen tener más o menos no térmicos, efectos potencialmente nocivos, biológicos en plantas, insectos y animales, así como el cuerpo humano, incluso cuando se expone a niveles que están por debajo de los valores oficiales de umbral” (…).
Y esta misma resolución recomienda a los Estados miembros del Consejo de Europa: “tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias de los teléfonos móviles, y en particular la exposición a los niños y jóvenes que parecen estar en mayor riesgo de tumores de cabeza; poner en su lugar la información y campañas de concienciación sobre los riesgos de efectos biológicos potencialmente nocivos a largo plazo sobre el medio ambiente y en la salud humana, especialmente dirigida a los niños, adolescentes y jóvenes en edad reproductiva; prestar especial atención a las personas “electrosensibles” que sufren de un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos e introducir medidas especiales para protegerlos, incluida la creación de zonas libres de onda no cubiertas por la red inalámbrica y, con el fin de reducir costos, ahorrar energía y proteger el medio ambiente y la salud humana, intensificar la investigación sobre nuevos tipos de antena, teléfono móvil y dispositivo de tipo DECT, y fomentar la investigación para el desarrollo de las telecomunicaciones sobre la base de otras tecnologías que son tan eficientes, pero cuyos efectos son menos negativos sobre el medio ambiente y la salud”.
Si procurar el freno a la carrera de las telecomunicaciones sería quijotesco, al menos se podría cumplir la recomendación de esta Resolución de la Asamblea del Consejo de Europa en relación prestar especial atención a las personas electrosensibles que sufren de un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos e introducir medidas especiales para protegerlos, incluida la creación de zonas libres de onda no cubiertas por la red inalámbrica.
Cada vez más, lo centros de salud y los hospitales españoles diagnostican esta enfermedad a personas que, a partir de ese momento, se sentirán incomprendidas y, en muchos casos, maltratadas. Una enfermedad que les obligará a aislarse de un mundo rodeado de ondas electromagnéticas, y con una gran dosis de intolerancia. Si cualquier enfermedad, en sí misma provoca más o menos exclusión dependiendo de lo aceptada socialmente que esté, una enfermedad que, además, requiere de la complicidad y comprensión de la sociedad se hace muy complicada. Es por eso, que estas personas con hipersensibilidad electromagnética, deberían estar especialmente atendidas ante su grave vulnerabilidad y el vecindario próximo ser empático y comprensivo. Sin embargo, esto no suele ser así. Ni las administraciones públicas, ni la comunidad, está a la altura y generalmente las personas con el síndrome de sensibilidad electromagnética se sienten incomprendidas, indefensas y dañadas ante una situación que no han elegido y de la que no tienen el control.
Ojalá que, como con el desarrollo sostenible y la tolerancia a la diferencia, conseguidos ambos tras años de esfuerzos, esta nueva realidad también llegue a ser aceptada y respetada. Por los que la padecen en estos momentos y por los que la padecerán, a buen seguro.
Adjunto el enlace al texto de la Resolución 1815 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa.
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